¿CORTE CONSTITUCIONAL, MEANDO FUERA DEL TIESTO?

Tomado de la edición No 59 de la Revista Pensamiento Caribe.

La Corte Constitucional de Colombia emitió un comunicado en el que anunció que inició un incidente de desacato por cumplimiento bajo de las órdenes del fallo de la t 302 de 20017. La creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, estableció la vulneración generalizada de derechos de la niñez wayuu. Tenemos la sensación de que los distinguidos magistrados de la sala de Seguimiento podrían estar meando fuera del tiesto si se atienen al escueto y manipulable ejercicio de que las mencionadas autoridades involucradas tienen tres días para presentar pruebas y que, en caso de reportarse nuevas acciones y resultados para el cumplimiento de las órdenes, estos deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos, según dice su propio comunicado. De arrancada no me cuadra mucho lo del calificativo de cumplimiento bajo, hubiese preferido incumplimiento alto, y en algunos casos cruda burla contra las órdenes de la Corte y los derechos de la gente. El mencionado incidente de desacato es promovido en contra de un sin número de ruedas sueltas del poder central y local, apuntando, en algunos casos innecesariamente, a la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas. Lo mismo que se vinculó al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar. Me consta que, en el caso de los funcionarios locales, lo que ha ocurrido es burda burla, muy cerca de la desidia e indolencia, incluso, ha sido tan evidente la malevolencia de algunos personajes, que se han puesto de contraparte al cumplimiento de la Corte o, algo peor, se han aprovechado de las urgencias y laxitud del manejo de los recursos públicos para seguirse enriqueciendo. No tengo ninguna duda que un personaje muy cerca y muy obligado a cumplir con las obligaciones de sentencia 302, ha traspasado los límites de la perfidia. Me gustaría que el Magistrado Ponente del auto, doctor José Fernando Reyes Cuartas, se sentara en un pretil de cualquier rancho de Uribia o Manaure, con el ex magistrado de la misma corporación, doctor Jaime Araújo Rentería, para examinar un secreto a voces en La Guajira, que tiene que ver con el descompuesto, mediocre y trastabillante funcionamiento de la chueca institución territorial de lo que hoy se denomina inapropiadamente Municipio. El trozo que transcribo a continuación corresponde a una profunda reflexión intelectual del jurista vallenato, que toca el meollo del problema y deja claro que el susodicho incidente de desacato no le hará ni cosquillas a los habilidosos autores y copartícipes del golpe bajo y cainita, que no es simplemente bajo cumplimiento, inteligenciado contra la estructura y vértebras de una decisión trascendental que poco a poco se ha venido transformando en una sentencia ingenua y sin dientes. Dice así: “Si de verdad queremos ampliar la democracia política, nos toca entregarles el manejo autónomo del territorio a las personas en el lugar donde viven, a los indígenas, a los afros, a los campesinos, a las personas en sus barrios o localidades o comunas, etc. Por ejemplo, los indígenas deberían manejar el territorio, es decir, la territorialidad de Uribia, autónomamente, y no que lo haga un alcalde NO indígena, o se debería convertir todo el municipio en territorio indígena, manejado por indígenas”. En La Guajira hemos celebrado con música de acordeón que, por lo menos, el Magistrado Reyes Cuartas, haya comprendido que es muy complicado sacarle provecho a una sentencia que emite 210 órdenes simultáneas y generales a mínimo 25 instituciones, respecto a una situación compleja y dramática. Eso termina en un despelote que tumba, como en efecto está ocurriendo, con instancias como la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira, declarada como no conducente por la misma Corte Constitucional, toda vez que, según lo afirmado por ella, resultó incompatible con los elementos del mandato, al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden. Nos parece maravilloso que, en su aclaración de voto, Reyes Cuartas, dejó muy claro que no podemos cruzarnos de brazo y que será necesario adoptar otro tipo de medidas, ante los graves antecedentes que se verificaron y resaltaron en la providencia, especialmente el paso de más de cinco años sin que las entidades obligadas al cumplimiento hubieran conformado el mecanismo encargado de ejecutar las órdenes estructurales de sentencia. Dicho lo anterior, podemos esperar que el magistrado y el ex magistrado, con algunos dirigentes sociales wayuu, se tomen un tinto en alguna ranchería, de acuerdo a la moda, y compartan ambas visiones, descartando de plano al bandidaje responsable de la tradición delincuencial del problema. Araújo Rentería ha expresado, en algunas ocasiones reunido con líderes locales, que comparte la idea de tomar medidas radicales, una de ellas sería desmontar el anquilosado municipio de Uribia, creado hace ochenta y pico años, y darle vida institucional al inédito Municipio Indígena de Uribia, el verdadero dueño del territorio, dotándolo de absoluta autonomía como entidad territorial que es según la Carta, especialmente competencias, de conformidad a la constitución del 91 y tratados internacionales.