UN ASUNTO DE LESA SINVERGUENCERÍA: POLÍTICA INTERNACIONAL, ACOSO SEXUAL Y DIGNIDAD NACIONAL

Me he tomado el trabajo de investigar a fondo el cipote problema suscitado en la Corte Constitucional a raíz del cojecoje trascendido más allá de las esferas judiciales y extrajudiciales. Al principio creí que eran los coletazos de las coimas que dicen que la Fiduciaria Petrolera SA le pagó al presidente de la Corporación de ese entonces, Magistrado Jorge Ignacio, dizque para que determinara la revocatoria de una condena de miserables 22.000 millones de pesos, una porquería que no valía la pena para ensuciar el nombre de la Corporación ni del ilustre hombre de leyes y algunos colegas suyos. Se jodieron, porque no se revocó la pírrica condena y todo quedó en firme, lo que demuestra que era una vil calumnia. Eran ganas de enlodar el prístino nombre y renombre de varios magistrados, asunto que le quedó claro al país. Recuerdo que a raíz de ese caso se hizo célebre la frase del encumbrado e impoluto Abelardo cuando expresó que el derecho no tenía nada que ver con la ética.

Lo primero que me advierten mis fuentes es que no crea mucho en aquello que la USAID, una agencia del gobierno de EEUU, tiene algún interés en cuidarle el trasero a las agraciadas judicantes de la Corte, o de librar una batalla a favor de la dignidad humana y la depuración de la justicia. Sáquese eso de la cabeza, me dijeron. Ellos no tienen eso en sus estatutos, ni tienen plata para invertir en esa tarea que debería ser de la Procuraduría o del Consejo Superior de la Judicatura, remataron mis fuentes con la mayor circunspección.

Inmediatamente se me vino a la cabeza lo peor de lo peor, que fue lo ocurrido cuando Gloria, Lucy Jeannette y Patricia tuvieron un encontronazo de padre y señor mío con la Embajada gringa a raíz de que les quitaron las visas a Diana y a Antonio José. Recuerdo perfectamente que en ese capítulo inverosímil de descarada y cínica intervención extranjera de nuestra historia patria salió a relucir aquella tesis de que lo que deseaban los gringos era presionar a la Corte y adicionalmente a la JEP, con el increíble beneplácito de Iván y su partido, ya que apretando las clavijas de la Embajada, se lograba la carambola de humillar a la justicia colombiana y al mismo tiempo sacarle el aire a la JEP, asunto sobre el cual Iván acababa de hacer lo suyo, embutiendo unas objeciones a la ley estatutaria. De contera presionaban al Magistrado Alberto, que se dijo tenían chuzado, para controlar el asunto referido a la tutela que él tramitaba tendiente a prohibir el uso del glifosato.

Lo concreto ahora es que hay un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, de abril 2020, que reveló los supuestos casos de acoso laboral y sexual al interior de la Corte Constitucional, lo cual generó repudio entre organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres en Colombia. Lo cierto es que el daño ya está hecho y de la calumnia algo queda, como decía Laureano. La majestad de la justicia convulsiona por cuenta de tremenda paliza a su respetabilidad.

 Inmediatamente saltaron a la palestra mediática 54 organizaciones rechazando lo expresado en el mencionado informe cuidadosamente titulado Programa de Justicia para una Paz Sostenible y simultáneamente llovieron declaraciones, por ejemplo, la de Mariana, abogada de la organización internacional Women's Link Worldwide, señalando que es necesario que la Corte Constitucional investigue y tome medidas ejemplarizantes contra los hechos de violencia contra las mujeres que estarían ocurriendo al interior de ese Alto Tribunal. Obvio. Otras declaraciones, incluso una desafortunada atribuida por la prensa a la misma Corte, tajantemente expresando lo siguiente: «Estudio sobre acoso sexual fue ordenado por nosotros». Muy grave esa confesión de lesa sinvergüencería, que la Corte pretenda defender su dignidad judicial, calmar el alboroto, admitiendo que fue la Corporación la que le solicitó a la entidad gubernamental extranjera que les averiguara la vida sexual de sus empleados, habiendo como hay graves indicios que el gobierno gringo lo que quiere desde tiempo atrás es imponerle trabas y condiciones a la justicia colombiana. Eso es el colmo. ¿Por qué no lo hicieron internamente en la Corte?, ¿por qué no contrataron en su momento una oenegé colombiana?. Repetimos, el daño ya está hecho. ¿Ya pa´qué?