LA RUTINA NO NOS DEJA PENSAR

La búsqueda de fórmulas a pronto plazo para La Guajira impone la

necesidad de circunstanciar el colapso institucional ocurrido en la

frontera, generado por la crisis interna venezolana y la consuetudinaria

y mediocrísima politiquería de ambos países alrededor del poco respeto

y protección de los derechos humanos de los indígenas. Dijimos en

anterior ocasión que la desterritorialización de La Guajira Indígena

amenaza con disolver la identidad y personalidad colectivas del pueblo

wayuu y de contera los privilegios geopolíticos de su territorio,

llevándose por delante atributos históricos de la etnia, y algunos

beneficios extendidos a la ciudadanía guajira, principalmente, y también

a las colonias paisas, árabes, etc., ancladas social y comercialmente en

la península a punta de imaginación y tesón, no obstante restricciones y

extorsiones aduaneras.

Lo que hemos denominado bomba tiempo es el estallido social, léase,

mierdero, que nos espera, si esta parte del país, o mejor, de ambos

países, no se pellizca y ataca la enfermedad por dónde tiene que ser.

De nuestro lado colombiano lo que corresponde es aplicar la

Constitución del 91, desarrollarla, en vez de atropellarla de manera

vulgar. En materia de derechos indígenas la Carta de navegación se fue

hace rato para el canasto de la basura. Nació encaminada a servirle

sólo a las camarillas de la politiquería departamental, inclusive, dio lugar

al nacimiento y crecimiento de fuerzas políticas importantes, totalmente

contrarias a la suerte e intereses de los nativos. La Autonomía Indígena,

por ejemplo, que debería ser la herramienta jurídica para la paz de la

región, ocasionó todo lo contrario: generó inimaginable división de la

etnia, inclusive, al interior de las familias, y catapultó un corrupto modelo

de esclavitud contemporánea en La Guajira, que avergüenza y tiene en

el ojo del huracán a toda la sociedad departamental, colocándola

diariamente en los remolinos de primeras páginas de la prensa local y

nacional. ¡La hecatombe llegó y se quedó!, es lo que muchos

diagnostican y condenan desesperados, sin comprender que hay una

ley inexorable, y la política no es la excepción, que dice que “todo tiene

un límite en la vida y lo que no tiene bases se cae”. Prácticamente, la

balanza que ahora tenemos está entre si seguimos con pañitos de agua

tibia o si cogemos el toro por los cachos. Voy expresar lo anterior

apoyándome con el siguiente ejercicio: un ejemplo de pañito de agua

tibia, tal vez el más serio de los pañitos de aguas tibias, es el Decreto

1953 de 2014, expedido por el actual gobierno, “por el cual se crea un

régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios

indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los

pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el

artículo 329 de la Constitución Política”. Faltó un poco de sinceridad en

esta parte filosófica de la motivación del decreto, y debió decir entre

paréntesis (hasta nunca), pues el articulito indicado es, nada menos, el

que dice que habrá que ponerse de acuerdo sobre la expedición de la

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su desarrollo, y está

demostrado que no va a ocurrir dentro la actual dinámica política

congresional. Para no entrar en las trabas que conllevaría la aplicación

del 330, aún mayores, para el caso de La Guajira Indígena. Pero,

digamos que los avances del Decreto citado en temas de educación y

salud constituyen un logro importante, que no es lo mismo, hay que

recalcarlo, que alcanzar la cima de todas las garantías constitucionales,

porque el funcionamiento de la política local sigue siendo

antidemocrático y anti étnico. Si no que lo digan los maestros indígenas,

a quienes le deben salarios del año pasado, aparte del trato despectivo

y desconcertante de las autoridades, en asuntos de la educación propia,

dentro de los municipios y del departamento. Un amigo indígena me dijo

lo siguiente, a propósito de este círculo vicioso: lo que pasa es que la

rutina no nos deja pensar…. ¡Cierto!. Tenemos que empezar a proponer

soluciones constitucionales viables y novedosas, totalmente creativas,

respecto a las evidentes ventajas y potencialidades del territorio

indígena, en vez de perseguir simples franquicias aduaneras para el

comercio, abstrayéndonos de la superioridad del argumento de mayor

jerarquía disponible y despreciando los privilegios de la plataforma

jurídica wayuu. Ya lo hemos explicado: se equivocan quienes pretenden

negar que La Guajira es una realidad diferente y que requiere una vía

constitucional diferenciada.